Jue. Oct 1st, 2020

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Comisión Lava Jato: informe que recomendaba acusar a Ollanta Humala y exministros nunca fue procesado

En noviembre pasado se cumplió un año desde que el Congreso de la República –hoy disuelto– aprobara el informe de la Comisión Lava Jato presidida por la congresista Rosa Bartra, que disponía –entre otros aspectos– denunciar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala y nueve exministros por los Casos Gasoducto Sur, Centro de Convenciones de Lima y Trasvase Olmos. Esto, a fin de que la Fiscalía de la Nación pueda presentar una denuncia contra los altos funcionarios ante el Poder Judicial.

Los tres casos implican a Humala Tasso y a los exministros Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Merino Tafur, Eleodoro Mayorga Alba, Milton Von Hesse La Serna, Juan Benites Ramos, René Cornejo Diaz, Carlos Paredes Rodríguez, José Gallardo Ku, Rosa Soledad Ortiz Ríos por los presuntos delitos colusión agravada y omisión de actos funcionales.Informe Final de la Comisión Lava Jato sobre Caso Ollanta Humala y sus exministros

 

Sin embargo, hasta la fecha ninguno de ellos ha sido procesado, pues el Parlamento no procedió con la formalidad de presentar la debida acusación constitucional, tal como se había recomendado. Ello, pese a que por siete meses, la Fiscalía de la Nación insistió en que se formalice dicha acusación.

Los abrazos y aplausos registrados en el hemiciclo el 9 de noviembre del 2018, cuando se aprobó el Informe Final Lava Jato sobre los actos de corrupción de las empresas Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otros; se volvieron en un trámite lento y silencioso por casi un año y ello ha quedado registrado en documentos oficiales que circularon por el Congreso y que, pese a la insistencia del Ministerio Público, nunca obtuvieron solución.

Documentos obtenidos por El Comercio dan cuenta que durante las gestiones de Daniel Salaverry y Pedro Olaechea, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, requirió que el expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura Izquierdo, cumpla con procesar la denuncia a fin de que se apruebe la respectiva denuncia constitucional contra los altos funcionarios.

La acusación constitucional, según el artículo 99 de la Constitución Política y en el 89 del Reglamento del Congreso, se interpone contra altas autoridades del Estado que gozan de la prerrogativa del antejuicio -vigente por 5 años- que son acusadas por haber cometido delitos como parte de su función o infracciones a la Constitución.

No obstante, Segura alegó que no podía realizar el proceso de acusación pues ninguno de los integrantes de la Comisión Lava Jato -incluida su presidenta Rosa Bartra- había cumplido con los requisitos exigidos para presentar una denuncia constitucional.

¿Qué requisito no fue cumplido? El documento señalaba que el informe final Lava Jato y sus anexos “no reunía los requisitos de admisibilidad establecidos en el inciso a) del Artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República”. Esto es, que la denuncia debe contener nombre del denunciante y domicilio procesal, fundamentos de hecho y de derecho, documentos que la sustenten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren, fecha de presentación, firma del denunciante o denunciantes y copia simple del documento oficial de identificación del denunciante, en caso de que la denuncia no provenga de congresista o del Fiscal de la Nación.

¿Específicamente qué? Según fuentes del Ministerio Público, que ninguno de los integrantes de la Comisión Lava Jato había hecho suya la denuncia constitucional y que tampoco había sido firmada por los integrantes, incluyendo a su presidenta Rosa Bartra.

El Ministerio Público ya había abierto las investigaciones respectivas contra los altos funcionarios. Sin embargo, según explicaron fuentes de la fiscalía, el proceso se podría abreviar teniendo en cuenta que ya el Congreso había aprobado los hechos y delitos por los que debían ser denunciados los exministros y el mismo Humala ante el PJ. Recordaron que ellos no pueden imputar más cargos de los que ya habían sido aprobados en el Parlamento.

-El error de Chávarry-

Pero el largo proceso que han seguido estos casos empezó con el pie izquierdo en el Ministerio Público durante la gestión del fiscal supremo Pedro Chávarry, en diciembre del 2018. El entonces fiscal de la Nación aceptó el informe de la Comisión Lava Jato -sin sus anexos- y dispuso abrir carpetas de investigación por cada delito imputado.

Esto supuso que el informe Lava Jato sea dividido en diversos expedientes vinculados a los no aforados (que no son altos funcionarios) y remitidos -por partes- a las fiscalías anticorrupción, penal y de lavado de activos. Mientras que el de los altos funcionarios se quedó en su despacho.

Disposición de la Fiscalía de la Nación del 18 de febrero 2019.

Cuando Zoraida Ávalos asumió el cargo de fiscal de la Nación, encontró que estos casos emblemáticos no habían seguido el curso que correspondía y dispuso su reconducción.

“Por tanto, dado que mediante la disposición de fecha 21 de diciembre del 2018 firmada por el entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, se resolvió erróneamente la derivación de dicho informe final a las fiscalías (…) resulta necesario ahora, reconducir debidamente la competencia para el conocimiento de los casos del citado informe final”, se lee en el documento.

-Idas y vueltas en el Congreso-

Tras reconducir el caso, la fiscal de la Nación dispuso oficiar con carácter de “muy urgente” al entonces presidente del Congreso Daniel Salaverry, a través del oficio 270-2018 (2019)-MP-FN/EI del 22 de febrero del 2019. En este, solicitaba conocer el trámite que había seguido la acusación constitucional contra los altos funcionarios. El oficio no obtuvo respuesta, por lo que el 5 de marzo siguiente el oficio fue reiterado por Ávalos Rivera.Oficio remitido al Congreso de la República de febrero del 2020.

Sin embargo, con fecha 6 de marzo el entonces oficial mayor del Congreso Gianmarco Paz Mendoza, envió un documento a la Fiscalía de la Nación, dando cuenta que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura Izquierdo, había sido informado sobre su requerimiento el 28 de febrero.

En el mismo, vía oficios, daban cuenta de un documento expedido el 15 de noviembre del 2018 – a pedido del expresidente Daniel Salaverry- en el que Segura informaba que la denuncia constitucional no podía ser procesada por incumplir con los requisitos del Reglamento del Congreso de la República.

El entonces titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales explicaba que su grupo de trabajo no actuaba de oficio ni procesaba las denuncias por recomendación de ningún órgano. Además, daba cuenta que había procedido a devolver el informe Lava Jato a la presidencia del Congreso.Fiscalía de la Nación pide informes al Congreso con carácter de "muy Urgente"

El Congreso le remite la respuesta del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucional de noviembre del 2018.

Tras recibir la respuesta del Congreso, la fiscal de la Nación emitió una nueva providencia y envió un nuevo oficio el 20 de marzo del 2019 en el que solicitó a Salaverry informar qué trámite seguirá el informe final y sus anexos emitidos por la Comisión Lava Jato, ya que este fue devuelto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El documento fiscal fue recibido por mesa de partes el 20 de marzo.Fiscalía de la Nación pide informes con carácter de "muy urgente".

El Congreso responde a la Fiscalía de la Nación que la respuesta de la Subcomisión será analizada por el Consejo Directivo.

Siete días después, el 27 de marzo, el oficial mayor Gianmarco Diaz Mendoza remitió la respuesta (oficio 902-2018-2019-ADP-D/CR) a la secretaria de la Fiscalía de la Nación en la que le informó que por disposición de la presidencia del Parlamento se había agendado en el Consejo Directivo analizar la respuesta que César Segura había enviado en noviembre del 2018.

El 27 de mayo, Zoraida Ávalos volvió a reiterar a la gestión Salaverry que se le informe cuál era el estado de la denuncia constitucional contra el ex presidente Humala y los altos funcionarios, pero no obtuvo respuesta.La Fiscalía de la Nación vuelve a reiterar que se le informe la situación del informe correspondiente que dispone acusar a Ollanta Humala y sus exministros.