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Odebrecht le exige US$1.200 millones al Perú por el gasoducto sur peruano

A través de su subsidiaria en Luxemburgo, Odebrecht Latinvest S.A.R.L., la firma brasileña Odebrecht S.A. presentó una demanda contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

En la solicitud de arbitraje –realizada el 21 de enero y registrada por el organismo el martes 4 de este mes–, la constructora plantea una indemnización a su favor de US$1.200 millones, bajo el argumento de un perjuicio luego de que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el 24 de enero del 2017, decidiera finalizar la concesión al consorcio Gasoducto Sur Peruano, que Odebrecht integró con la española Enagás y con Graña y Montero.

El 22 de enero, Ruy Lemos Sampaio y Rogerio Bautista de Nova, directores de Odebrecht S.A., dirigieron un oficio al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, para informarle sobre la medida. En el documento, al que accedió este Diario, argumentan que la resolución del contrato en el 2017 “fue un golpe muy fuerte”, considerando la inversión de más de mil millones de dólares y sus responsabilidades frente a acreedores financieros y aseguradoras internacionales.

Señalan también que, en el mismo período en el que se inició el proceso de colaboración eficaz, PPK manifestó públicamente que la empresa debía retirarse del Perú. Por ende, consideran que el fin del contrato “fue realizado con desvío de finalidad, motivado por intereses personales (y no públicos)”. Añaden que si bien tienen voluntad de preservar el acuerdo de colaboración eficaz con autoridades peruanas y no tienen interés de litigar con el Estado Peruano, la decisión se tomó porque no se alcanzaron acuerdos con el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Economía y Finanzas para solucionar esta controversia.

En un comunicado, la empresa señaló que inició el arbitraje para no incumplir con las obligaciones que mantiene frente a sus acreedores en Brasil por el proceso concursal en el que se encuentra.

Consultado por El Comercio, el primer ministro Vicente Zeballos expresó su extrañeza por la demanda y aseveró que el Gobierno defenderá los intereses del país ante una “equivocada decisión” de la empresa. En esa línea, cuestionó la actitud de la constructora, considerando que esta ha reconocido pagos ilícitos por el proyecto que se adjudicó en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala.

“Resulta irónico que [la empresa], a pesar de estos hechos que tienen evidencias manifiestas, carga probatoria suficiente y responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura de acudir a un arbitraje”, manifestó.

Por su parte, el MEF señaló que el Gobierno se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias.

El MEF, además, señaló que el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto, incluso tras dos prórrogas.

Para el penalista Rafael Chanjan, el proceso de colaboración eficaz en el que se encuentra Odebrecht implica que debe mostrar buena fe y lealtad hacia la justicia, así como comprometerse a pagar la reparación civil que se le ordene sin acudir a instancias arbitrales.

“Es un poco contradictorio que, por un lado, se esté negociando colaborar con la justicia, y por tanto obligándose a pagar reparaciones civiles, y paralelamente se esté accionando ante un tribunal arbitral y demandando un resarcimiento económico”, sostuvo.

La finalización de contrato, hace tres años, se debió a que el consorcio no logró el financiamiento para la obra en el plazo legal previsto, según explicó Kuczynski en su momento. Esto permitió que el Estado, a través del Minem, cobrara una penalidad de US$262’500.000.

Los otros integrantes del consorcio tomaron rumbos distintos. Graña y Montero desistió de su intención de ir a un arbitraje al estar inmersa en un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía. Enagás también demandó al Estado Peruano ante el Ciadi por US$511 mlls., proceso en el que nuestro país es representado por el estudio Arnold & Porter. Zeballos indicó que hasta ayer el Ejecutivo no había sido notificado de la demanda de Odebrecht, pero adelantó que la misma consultora se abocará al proceso arbitral con la constructora brasileña.

El registro de la demanda es el primer paso para el inicio del proceso. “No es extraño que un arbitraje en el Ciadi pueda demorar seis años en ser resuelto. Incluso, hay casos que han durado 20. Es un litigio largo y complejo”, dijo Alfredo Bullard, socio del estudio Bullard, Falla, Ezcurra +.

Vicente Zeballos indicó ayer que la consultora Mott MacDonald presentará en marzo su informe definitivo, a partir del cual se debería convocar la licitación para el gasoducto sur peruano, ahora denominado SIT Gas. Además, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, explicó que el cuarto informe de la consultora señalará el posible valor de los activos del GSP.